Senador Nacional

FM 89.9

29 de mayo

 

EL 14 DE JUNIO LOS SALTEÑOS DEBATIRAN SOBRE EL MATRIMONIO GAY

El 14 de junio habrá un debate público en Salta sobre el matrimonio gay. La jornada se realizará en la Legislatura Provincial y fue convocada por la Comisión de Legislación General del Senado Nacional.

De la audiencia pública participarán los senadores Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Agustín Perez Alsina y la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, Liliana Negre de Alonso. Esta iniciativa se llevará a cabo también en Tucumán y San Juan.

La intención es que los ciudadanos se expresen sobre dos aspectos importantes de la ley: La unión civil de dos personas del mismo sexo y la adopción de niños como el punto más conflictivo.

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Debatirán en Salta el proyecto de matrimonio de personas del mismo sexo

zottos_matrimonioFM Alba - 28/05/2010.- Salta será la primera provincia donde se realizará una audiencia pública para debatir el proyecto de ley que propone modificar distintos artículos del Código Civil, respecto de la inclusión del matrimonio de personas del mismo sexo.

“La audiencia se realizará el próximo 14 de junio y podrán participar todas las personas y organizaciones que deseen expresar sus puntos de vista”, afirmó el presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, vicegobernador Andrés Zottos.

El mecanismo de audiencias públicas fue resuelto por el Senado Nacional como paso previo al tratamiento del proyecto de ley en el recinto de sesiones y en ese marco, tras un encuentro entre Zottos con la titular de la comisión de legislación general, Liliana Negre de Alonso, del que participaron además los representantes de Salta, Sonia Margarita Escudero, Juan Agustín Pérez Alsina y Juan Carlos Romero, se resolvió fijar a la provincia como sede del primer encuentro.

Para ello, este jueves por la tarde se llevó a cabo una reunión en la Legislatura Provincial, de la que participaron el vicepresidente primero del Senado, Mashur Lapad; los senadores, Luís D’Andrea; Néstor Parra Ruíz de los Llanos; Jorge Rodríguez; Pablo Díaz y el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy; en cuyo transcurso se decidió habilitar las inscripciones para participar en la audiencia en las oficinas de presidencia de ambas cámaras.

Cabe destacar que el proyecto de ley de reforma del Código Civil de la Nación, por el cual se incorpora el matrimonio entre personas del mismo sexo ya fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación.

 

AM 840

27 de mayo

EL 14 DE JUNIO SE DEBATE EN SALTA LA UNIÓN GAY

Del debate en la Legislatura participarán los senadores Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Agustín Perez Alsina y la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, Liliana Negre de Alonso.

SALTA.- El 14 de junio habrá un debate público en Salta sobre el matrimonio gay. La jornada se realizará en la Legislatura Provincial y fue convocada por la Comisión de Legislación General del Senado Nacional.

Del debate participarán los senadores Juan Carlos Romero, Sonia Escudero, Agustín Perez Alsina y la presidenta de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, Liliana Negre de Alonso. Esta iniciativa se llevará a cabo también en Tucumán y San Juan.

La intención es que los ciudadanos se expresen sobre dos aspectos importantes de la ley: La unión civil de dos personas del mismo sexo y la adopción de niños como el punto más conflictivo.

Por Radio Salta, el senador nacional Agustín Pérez Alsina explicó que sobre el punto de la unión civil entre las personas del mismo sexo hay un amplio consenso entre los legisladores. Los desacuerdos surgen por la habilitación de estas parejas a adoptar chicos, indicó.

"En ese punto hay que ver también los derechos de los adoptados que también se rigen por normativas internacionales", dijo Pérez Alsina.

 

 

Iprofesional.com

29 de abril

Los empleadores tendrán sólo cuatro días para pagar las indemnizaciones

 

El Senado convirtió en ley dos reformas relacionadas con la legislación laboral. La otra norma agrega un artículo más a la Ley de Contrato de Trabajo

Luego de un debate de cinco horas, en el recinto de la Cámara alta se sancionaron varias leyes, entre las que se destacaron dos reformas relacionadas con la legislación laboral, que fueron convertidas en ley por unanimidad.

Además, se aprobaron dos iniciativas: una para eximir de impuestos a las donaciones del exterior para entidades públicas, y otra para modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, que tiene como objetivo darle mayor celeridad a la contestación de peticiones.

Según el sitio Parlamentario.com, el primer proyecto sobre legislación laboral incorpora el artículo 17 bis a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, en donde las “desigualdades que creara esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que, de por sí, se dan en la relación laboral”.

La segunda reforma tiene como finalidad dejar establecido con claridad que el empleador tiene cuatro días hábiles para pagar la indemnización, desde el día en que se extingue la relación laboral.

Otras normas
El proyecto para modificar la Ley de Procedimiento Administrativo, cuyo impulsor es el senador salteño Agustín Pérez Alsina, que tiene como objetivo darle mayor celeridad a la contestación de peticiones, plantea que el pronunciamiento acerca de los reclamos deberá ser respondido por el Estado “dentro de los 90 días de formulado”, y explica que “vencido ese plazo el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros 45 días, podrá iniciar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de prescripción”.

Por otro lado, la iniciativa de Pérez Alsina, que fue girada a Diputados, especifica que “el Poder Ejecutivo, a requerimiento del organismo interviniente, por razones de complejidad o emergencia pública, podrá ampliar fundadamente los plazos indicados, se encuentre o no en curso, hasta un máximo de ciento veinte y sesenta días respectivamente”. Además aclara que “la denegatoria expresa del reclamo no podrá ser recurrida en sede administrativa”.

También se convirtió en ley un proyecto sustituyendo el artículo 17 de la Ley de Reforma Impositiva, que exime de los derechos de importación y demás tributos que gravan las importaciones para consumo, en relación con los bienes donados cuyos destinatarios son el Estado nacional, y los gobiernos provinciales y municipales.

Hay que resaltar por último que en la sesión de este miércoles se le dio entrada al pliego de la ex diputada Patricia Vaca Narvaja como embajadora en México. Este jueves, en la Comisión de Acuerdos, que se reunirá a partir de las 11 en el Salón Gris del Palacio del Congreso, se debatirá el tema.

 

 

El tribuno

13 de abril

Agustín Pérez Alsina presentará una notificación en el Senado de la Nación
“Somos usuarios, no rehenes de Personal”

 

En el Congreso Nacional se buscarán adhesiones para pedir a Telecom explicaciones sobre los sucesivos cortes de servicio.

 

Más de ocho cortes se registraron desde el mes pasado en el servicio de telefonía móvil en la Capital provincial.
El senador nacional Agustín Pérez Alsina presentará en la Cámara alta una notificación formal para solicitar un pedido de informe a la empresa Telecom, ante las sucesivas interrupciones del servicio de telefonía móvil en Salta. Para eso buscará la adhesión de sus pares.
Los cortes provocaron serios problemas en las comunicaciones, de acuerdo a las denuncias presentadas por los usuarios en los organismos y entidades que cuidan sus derechos.
Desde el mes pasado hasta la fecha la prestación se cortó, al menos, en más de ocho oportunidades. Ante esta situación, el legislador salteño planteará en el Congreso los avatares que sufren las comunicaciones en la provincia y solicitará a sus pares que lo acompañen en un pedido de informe sobre el tema.

“Somos usuarios, no rehenes de Personal”, planteó el renovador al explicar el espíritu de la notificación formal que presentará en estos días.
El 10 y 11 de este mes se volvieron a registrar inconvenientes en las comunicaciones. Durante varias horas el servicio estuvo interrumpido, lo que profundizó el malestar de los usuarios de esa empresa de teléfonos.
La respuesta de la compañía está siempre relacionada con fallas técnicas, roturas de la fibra óptica o la saturación del sistema provocada por la alta demanda.
“Les voy a pedir al Interbloque Federal y al resto de los legisladores que me acompañen. Los ciudadanos no somos rehenes de la empresa, por lo que no puede dejarnos incomunicados cuantas veces quiera”, confirmó el senador nacional a <B>El Tribuno<P>.
Por su parte, desde la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Provincia ya se solicitó informes a la empresa sobre el motivo de los cortes, la cantidad de usuarios afectados y las inversiones realizadas por la compañía en los últimos dos años. Hasta el momento no recibió ninguna respuesta.

Números propios

El titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº6, Enrique Lavié Pico, a través de un fallo obligó al Estado nacional a controlar -a partir del 18 de marzo pasado- si las compañías de celulares respetan la norma de “portabilidad numérica”, a través de lo cual el usuario puede cambiar de empresa sin que ello implique cambiar el número de celular. Esto llevaría a las compañías a mejorar la competitividad para evitar el traslado de los clientes.
En ese sentido, el senador Pérez Alsina presentará en el Congreso un proyecto de ley que contemple el respeto a la portabilidad numérica, lo que daría libertad al consumidor.

 

Noticias Iruya.com

10 de abril

Pérez Alsina propone la reforma del régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia

 

El senador nacional por Salta, Juan Agustín Pérez Alsina, ha presentado un proyecto de ley para modificar algunos artículos de la ley 26.122, de 27 de junio de 2006, que establece el Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegacion Legislativa y de Promulgacion Parcial de Leyes.

El proyecto básicamente apunta a establecer un plazo de 30 días para el tratamiento por el Congreso Nacional de los DNU dictados por el Poder Ejecutivo nacional y a consagrar el efecto inmediatamente derogatorio del rechazo de cualquiera de las dos cámaras del Congreso.

La ley vigente, por el contrario, no establece plazo alguno para el tratamiento parlamentario de los DNU y prevé que sólo el rechazo de las dos cámaras provoca la caída (o derogación) del los DNU, lo que supone que estas normas puedan convertirse en ley, aun mediando el rechazo expreso de una de los cámaras del Congreso Nacional.

Texto del proyecto
Modificación al régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes ley 26.122.

Artículo 1º: Modificase el artículo 22 de la ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 22: La ratificación de los decretos a que se refiere la presente ley deberá ser expresa, conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.

El pronunciamiento de cada Cámara se hará por medio de una Resolución, y será comunicado a la otra Cámara en forma inmediata.”

Artículo 2: Modificase el artículo 24 de la ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 24: El decreto se considerará rechazado si transcurridos treinta (30) días corridos, contados a partir de la fecha del despacho a que hace referencia el articulo 19, ambas Cámaras del Congreso no lo hubieran ratificado.

El rechazo por parte de una sola de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”.

Artículo 3: Agrégase como artículo 25 bis (en “Publicación”) de la Ley 26.122 de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes, el siguiente:

“Artículo 25 bis: El Poder Ejecutivo asignará a los Decretos de Necesidad y Urgencia una numeración ordinal propia y procederá a publicarlos en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.”

Artículo 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Los fundamentos
Señor presidente:

Este proyecto de ley, tiene como propósito mejorar el trámite parlamentario de los denominados Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de mejorar el adecuado control que debe desempeña el Congreso Nacional sobre actos de carácter legislativos provenientes del Poder Ejecutivo, los cuales, como norma tiene coartados.

Los anhelos de la reforma constitucional de 1994 fueron -entre otros- la consolidación y perfeccionamiento de sistema democrático; para generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- (y lograr) la atenuación del sistema presidencialista; el fortalecimiento del rol del Congreso, y la mayor independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, la incorporación a la Constitución Argentina de los decretos de necesidad y urgencia (Art. 99 inc. 3), de la promulgación parcial de leyes (Art. 80) y de la delegación de facultades legislativas (Art. 76) ponen en cuestión aquellos fines reformistas.

Por lo que la base fundamental de la reforma ha sido justamente la atenuación del sistema presidencialista y el equilibrio de poderes, que es un pilar fundamental del sistema democrático. Desde su raíz la función esencial del congreso, aparte de su tarea legislativa, es el adecuado control de las acciones del Poder Ejecutivo.

Esta propuesta no puede establecer nuevos requisitos formales ni de fondo en la etapa de emisión del decreto por el Ejecutivo, pero si debemos trabajar en poner limites claros a las situaciones de hecho que permitan alegar la necesidad y urgencia ineludible para no seguir el trámite de sanción de las leyes.

La Dra. María Gelli entiende que "tal como quedó trazada la norma constitucional surge que: a) rige el principio general que impide al Ejecutivo ejercer atribuciones legislativas -bajo pena de nulidad absoluta e insanable- salvo cuando circunstancias excepcionales hicieran posible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes; b) se establece el principio particular en virtud del cual aquellas circunstancias no autorizan al presidente a dictar decretos en materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos; c) se fijan los requisitos sustantivos de procedencia de los decretos de necesidad y urgencia los cuales, de mantenerse la doctrina el caso "Peralta" deberían emitirse; c') ante una emergencia que implicar un grave riesgo social, constituido por hechos públicos y notorios; c'') no derivar, la emergencia, de la imposibilidad política para obtener quórum o mayorías propias; d) se disponen los requisitos formales de orden general tales como: d') el decreto debe dictarse en acuerdo general de ministros y del jefe de Gabinete, con el refrendo de todos ellos; d'') el Jefe de Gabinete personalmente, y dentro de los diez días de dictado el decreto, someterá la medida a la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara; d''') La Comisión Bicameral elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras y, e) se delega en el Poder Legislativo la reglamentación -mediante una mayoría calificada de la totalidad absoluta de los miembros de cada Cámara- del procedimiento de las etapas posteriores a la emisión del decreto".

Como se advierte en el párrafo anterior, la regulación constitucional de los decretos de necesidad y urgencia plantea varios problemas de interpretación jurídica -acerca de la intervención del Congreso en ejercicio de sus atribuciones de control- y actualiza una cuestión sustantiva al sistema político argentino referida al desplazamiento del poder material.

En efecto, la decisión constituyente de diferir la regulación de los pormenores del procedimiento de contralor en cabeza del Congreso, ha generado una serie de interrogantes aún no resueltos legislativamente.

No obstante, es posible formular una hermenéutica de los textos constitucionales, a partir de los objetivos declarados de la reforma constitucional y de los principios enunciados en las normas.

La ley actual número 26.122 no dice nada al respecto de la vigencia de los Decretos de Necesidad y Urgencia, si las Cámaras del Congreso no tratan el decreto, pero sí denota que el Decreto mantiene su vigencia.

Es así, cuando pide el rechazo por parte de ambas Cámaras para que se produzca la derogación, y porque para el caso en que no haya rechazo en estos términos, el decreto mantiene su plena la validez.

De hecho, no establece ningún plazo para el tratamiento de los decretos y ninguna consecuencia por la falta de tratamiento, ya que la ley exige el rechazo por ambas Cámaras para que se produzca la derogación, y no establece ningún plazo para el tratamiento de los decretos y ninguna consecuencia para la omisión de su tratamiento.

Asimismo y en virtud de la normativa actual, al instituir que si una sola de las Cámaras lo aprueba, el mismo se considera ratificado, se compromete nuestro sistema bicameral.

En tal orden de ideas proponemos regular con efectividad el funcionamiento de la Comisión Bicameral Permanente encargada de controlar el cumplimiento, por parte del Poder Ejecutivo, del dictado de los decretos de necesidad y urgencia, el plazo para que se expida, como la consecuencia por la falta de pronunciamiento.

Para el caso de rechazo del decreto por parte de una sola de las Cámaras del Congreso Nacional el resultado será la no ratificación del decreto ya que este supuesto no existe voluntad ratificatoria del Congreso de la Nación.

Por todo ello es que la presente modificación, está orientada a la firme protección del principio republicano de división de poderes y dada la importancia de la iniciativa para la consolidación del sistema democrático es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.

 

Noticias Iruya.com

22 de marzo

Pérez Alsina y Zottos se reúnen en Chicoana con productores rurales de Salta

Productores agropecuarios de la Provincia de Salta se congregaron el pasado sábado en finca Los Molles, Chicoana, en un encuentro del que participaron el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías, el senador nacional Juan Agustín Pérez Alsina, el vicegobernador Andrés Zottos, y legisladores nacionales y provinciales.

En la ocasión, Llambías trazó un panorama del sector y de las perspectivas de la producción con vistas al futuro, tanto en lo político y lo económico, como en la lucha gremial que vienen sosteniendo a nivel nacional.

También destacó la conformación de FERSAL (Federación de Entidades Ruralistas de Salta), con el aporte de la Sociedad Rural Salteña, Prograno y la Asociación de Productores de Legumbres, organismo que permitirá a la dirigencia local integrarse en la Mesa de Enlace constituida a nivel nacional.

En diálogo con los medios de comunicación, el vcegobernador Zottos destacó el trabajo de organización que llevan adelante los productores. “El campo cumplió y va a seguir cumpliendo un papel muy importante en el desarrollo de Salta. Es el motor que viene movilizando la economía de la Provincia, basada en la explotación de hidrocarburos, la agro ganadería y el turismo”, afirmó.

Más adelante sostuvo que se debe entender que el 80% de la producción provincial se exporta como materia prima, por lo que "el desafío es industrializar", pero para ello se deben superar muchos problemas, como por ejemplo la reactivación del ferrocarril o la inversión vial, que son temas por los cuales “debemos luchar entre todos”.

“La situación de Salta no es igual a la del Sur o la del centro del país, por lo que es importante la presencia de un dirigente nacional como Llambías, para que tenga una vivencia de la problemática local”, concluyó el vicegobernador.

 

 

La Nacion

18 de marzo

La crisis institucional

 

No se trataron los cambios del impuesto al cheque y el pliego de Marcó del Pont
Fracasó la oposición y no pudo conseguir quórum en el Senado
La ausencia de Menem le impidió al antikirchnerismo reunir el número para sesionar

Gustavo Ybarra

LA NACION

 

Por segunda semana consecutiva, el Senado no pudo sesionar por falta de quórum. Esta vez fue el kirchnerismo el que se negó a bajar al recinto para impedir que el arco de legisladores no oficialistas pudiera aprobar una modificación a la ley del impuesto al cheque, que obligará al Poder Ejecutivo a desprenderse de unos $ 11.000 millones anuales.

Según confiaron voceros de la oposición, ese sector intentará forzar la convocatoria a otra sesión para esta tarde en una nueva reunión de Labor Parlamentaria, convocada para las 11. El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto (Río Negro), consideró "muy difícil" que eso ocurra.

Como sucedió en la sesión preparatoria del 24 de febrero pasado, la ausencia de Carlos Menem (PJ-La Rioja) fue la causa que le impidió sesionar a la oposición. El ex presidente alegó razones de salud que lo obligaron a guardar reposo.

Así fue como tras una hora de expresiones en minoría con duras críticas al Poder Ejecutivo y a los senadores ausentes, en particular los dos ex ARI de Tierra del Fuego y el representante del Movimiento Popular Neuquino, el vicepresidente Julio Cobos levantó la sesión con 36 senadores presentes, uno menos que el quórum necesario.

Así como la semana pasada había sido el antikirchnerismo el que dejó el recinto semivacío para evitar perder el rechazo al pliego de Mercedes Marcó del Pont al frente del Central, ayer fue el Frente para la Victoria el que le quitó el cuerpo a la sesión. Los legisladores conducidos por Pichetto aguardaron en el Salón Eva Perón, que se encuentra a espaldas de la presidencia, la decisión de Cobos.

Según denunció el jefe del bloque radical, Gerardo Morales (Jujuy), el oficialismo se había comprometido a hacer "un esfuerzo para que el Senado funcione" y a dar quórum para sesionar "a suerte y verdad".

Pichetto rechazó esa versión. "No presté ningún acuerdo", se quejó en una conferencia de prensa en la que fundamentó la negativa de su bloque a dar quórum en los atropellos del arco no oficialista. "Queremos sesionar, pero no queremos que nos lesionen, que nos vulneren pasando por arriba del reglamento", reclamó.

Según el senador oficialista, la oposición "rompió con toda una tradición parlamentaria" al colocar en la reunión de Labor Parlamentaria el debate del impuesto al cheque antes que la sesión de acuerdos, como el de Marcó del Pont, en la que el oficialismo tenía mayoría.
Tensión

Fue una reunión tensa, en la que el antikirchnerismo intentó colar la derogación del DNU 298/10 sin esperar los siete días que marca el reglamento para llevar un dictamen al recinto.

Por su parte, la oposición acusó al oficialismo por el fracaso. "Se tienen que hacer presentes; éste es el recinto de las provincias argentinas", reclamó el puntano Adolfo Rodríguez Saá (PJ), que se dirigió a los senadores aliados del Poder Ejecutivo María Rosa Díaz y José Martínez, de Tierra del Fuego, y al neuquino Horacio Lores (MPN) para que bajaran a dar quórum.

"Vengan con nosotros a sostener la gobernabilidad", los arengó el porteño Samuel Cabanchik (Probafe). La peronista disidente Hilda de Duhalde (Buenos Aires) les pidió a sus comprovincianos oficialistas, José Pampuro y Eric Calcagno, que "piensen en su provincia antes que en los intereses partidarios y sectoriales".

El salteño Agustín Pérez Alsina (Partido Renovador), en tanto, acusó a los ausentes de impedir "la distribución de fondos genuinos" para los Estados provinciales. "Veo con tristeza cómo algunos senadores desertan y no defienden los intereses de sus provincias", agregó el correntino José Roldán (Frente de Todos). El radical Eugenio Artaza (Corrientes) cuestionó al Poder Ejecutivo porque "la urgencia no es pagar con reservas a banqueros, sino las deudas de las provincias".

Por último, la salteña Sonia Escudero (PJ) propuso aplicar descuentos del 20% de las dietas a quienes falten a futuras sesiones. La moción fue votada, pero Pichetto dijo que era una medida "nula de nulidad absoluta".

 

 

Noticias iruya.com

17 de marzo

Pérez Alsina estrena su cargo de Presidente de la Comisión de Minería del Senado

 

El senador nacional salteño Juan Agustín Pérez Alsina presidió hoy la reunión constitutiva de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado argentino.

La reunión se realizó hoy a las 10.30 h en el salón Arturo Frondizi de la Cámara de Senadores de la Nación, y contó con la presencia de ocho senadores, que ratificaron como presidente a Pérez Alsina y designaron secretario al senador catamarqueño Oscar Castillo.

En dicha reunión, además de tratar la constitución de autoridades, también se fijaron los días de reunión, comprometiéndose los senadores a empezar a trabajar sobre los temas referidos al abastecimiento, y fijándose la posibilidad de acordar una agenda de temas a largo plazo.

Finalizada la reunión, Pérez Alsina dijo: “Esperamos poder trabajar en un ámbito de consenso y priorizando los problemas estructurales de los sectores energético y minero”.

 

 

Parlamentario.com

12-3-2010

“No hay trabajo ni desarrollo sin inversión”

 

Según el titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado, Agustín Pérez Alsina, la Argentina no tiene una política energética a largo plazo. Su objetivo es revertir esta situación.
Por Mariano Casal

El flamante presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles de la Cámara alta, el salteño Juan Agustín Pérez Alsina asegura que es importante que el Gobierno nacional aplique “políticas a largo plazo”. También manifiesta sus diferencias con el diputado Pino Solanas en relación con la minería a cielo abierto y explica cuál debe ser el rol de la oposición en el Congreso.

“Hay una palabra que la política argentina no utiliza, en líneas generales, desde hace ya mucho tiempo, que es la palabra inversión, y la tenemos que llevar a la boca de todos los argentinos”, manifiesta el senador del Partido Renovador de Salta (PRS). El legislador también sostiene que “el Estado debe ser garantía de la distribución de la riqueza”.

- ¿Coincide con los avances que viene realizando el Gobierno nacional en relación con la energía y minería?

- Yo creo que lo que hay que decir es que Argentina tiene que tener una política energética a largo plazo que desde hace bastante no la tenemos; no es sólo un tema de este Gobierno, sino que no logramos acordar una política de inversiones claras y con precios claros. Los precios muy subsidiados, por ejemplo, a la larga se terminan pagando más. Nosotros tenemos que ver qué es lo que se subsidia y qué no. La Argentina tiene reservas que se sabe que no son para mucho tiempo: petróleo, siete años; gas, diez años. Es por eso que debemos acordar una política de Estado al respecto; no tenemos un problema de energía solucionado: el hecho de que hoy no exista el problema no significa que no pueda aparecer mañana; tampoco queremos hacer de esto algo catastrófico.

- ¿Por qué es tan difícil hacer políticas a largo plazo?

- Argentina tiene una tendencia que la va a tener que revertir en ciertos aspectos, que es la de dejar de lado las políticas partidarias de que todo empieza cuando otro gobierno llega, y para ello es muy importante el Parlamento, porque si no, la realidad nos va a encontrar descuidados y vamos a tener que hacer políticas de forma casi improvisada. Creo que es un buen momento, teniendo en cuenta que los precios en cuanto a energía son favorables a los recursos que uno pueda tener, pero también es importante estudiar las energías alternativas y avanzar en este aspecto: obras hidroeléctricas, energía eólica y el famoso tema de biodiesel. El ejemplo más claro de políticas a largo plazo es Brasil con la búsqueda de nuevos pozos petrolíferos.

Nosotros tendríamos que seguir ese ejemplo, pero cambiamos, dejamos de lado. Deberíamos tener una plataforma exploratoria en la zona continental cerca de Malvinas no sólo por un tema energético, sino también de presencia soberana, pero no tenemos nada, y hoy en día ya existe una plataforma inglesa en la zona.

- ¿Cuál debería ser el rol de la oposición en el Congreso?

- Fundamentalmente debería controlar al Poder Ejecutivo. Fuera de ese control, el Poder Legislativo tiene que tratar de fijar políticas de acuerdos, sobre todo en las cuestiones que son de Estado.

- ¿Está de acuerdo con la forma de distribución de las comisiones en el Senado?

- Sí, eso fue un punto que lamentablemente no pudo acordarse con el bloque oficialista, que pretendía seguir controlando ciertas comisiones y que considera que la oposición es un solo bloque, y no es así. La oposición está integrada por distintos bloques que muchas veces van a coincidir y otras no; no hay que alarmarse.

- ¿Qué le pareció el planteo de la Presidenta cuando aseguró en la Asamblea Legislativa que existe una Argentina real y otra virtual?

- Creo que en el medio quedó un amplio margen que lo tenemos que discutir. La Presidenta, por ejemplo, no habló de la inflación, que es un problema muy grave para todos los argentinos; tampoco habló de la falta de inversión. En los números está claro: Argentina está atrás de Chile, Brasil, Perú, y hasta del propio Uruguay, en cuanto a proporcionalidad en lo que se llama Inversión Directa (ID), porque hay inseguridad jurídica, de reglas de juego que se están cambiando. No hay trabajo ni desarrollo sin inversión, aparte del rol del Estado.

- ¿Por qué se critica desde el Gobierno nacional a sectores que piden debatir sobre temas como la inflación o la inversión?

- Esa parte está complicada. Todos sabemos que hubo un empresario –hace referencia al Presidente de Fiat, Cristiano Ratazzi- que habló de la inflación y después no fue invitado a una reunión del Gobierno nacional con los principales empresarios del país. Yo creo que eso no es bueno porque seguimos sin discutir políticas económicas. Estoy de acuerdo con la Presidenta cuando dice que hay que explorar más la demanda interna, pero eso se tiene que hacer con mucha inversión, que sea no sólo para el mercado interno, sino también como valor de exportación, que es lo que da muchas divisas al país.

- ¿Cuáles son los tres puntos a solucionar con urgencia en su provincia, Salta?

- Uno es la distribución federal; nuestra provincia necesita, como muchas otras, una distribución de recursos muchísimo más justa. De 100 pesos, el Ejecutivo nacional se lleva prácticamente 70. Otro aspecto es la inversión: tenemos que incrementarla. También es importante una distribución de población más acorde porque tenemos una capital que centraliza un poco más del 50 por ciento de los salteños.

- ¿Está bien realizar minería a cielo abierto?

- Es un tema muy polémico, yo creo que no hay que generalizar. Hay que analizarlo, no desde la prohibición exclusiva, sino desde el control. Lo que realmente sea estudiado desde los gobiernos provinciales y nacional como contaminante y preocupante no debería ser permitido, pero hay muchísimas técnicas en minería a cielo abierto que permiten llevar una inversión que no afecte. Concretamente puedo afirmar que no soy partidario ni de las permisiones, ni de las prohibiciones extremas porque afecta a las inversiones, al trabajo, y sobre ello se necesita un informe más concreto de lo que se está hablando.

- Pino Solanas, que preside la Comisión de Minería en la Cámara baja, plantea la prohibición total de la minería a cielo abierto.

- Esas posiciones fundamentalistas no son buenas. Lo primero que tenemos que hacer, dentro de la comisión, es escuchar al Gobierno provincial. El diputado Pino Solanas debería tenerle respeto al federalismo y escuchar a los gobernadores y a las provincias.

- ¿Tiene pensado presentar algún proyecto?

- En la reciente constituida Comisión de Minería, Energía y Combustibles tenemos pensado convocar a los legisladores y al sector productivo nacional. El objetivo es poder desarrollar una política de Estado fundamentalmente en el sector energético.

- ¿Podrán oficialismo y oposición llegar a un nivel de entendimiento razonable hasta 2011?

- Creo que sí, pero debería haber un esfuerzo entre los distintos legisladores y el Poder Ejecutivo, aunque uno puede ver ahí que no hay voluntad. La realidad se tiene que imponer y hay que buscar un punto de contacto urgente, porque si no, nos va a superar a todos.

 

Urgente 24

24/12/2009

Nueva acusación contra Aníbal Fernández, esta vez en el Senado

 

Lo presentaron senadores del Interbloque Federal. Es una moción de censura por haber obstaculizado una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes de la ultra k, embajadora de Venezuela, Alicia Castro. El mecanismo es el paso inmediato a la remoción del Jefe de Gabinete por parte del nuevo Congreso. Se necesita el voto de la mitad más uno del total de miembros de cada Cámara, 129 Diputados y 37 Senadores.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El jefe de Gabinete enfrenta una nueva acusación en el Parlamento por haber obstaculizado una orden judicial de desalojo en el gremio de Aeronavegantes. Esta última denuncia se suma a un grupo de instancias legales que el funcionario deberá enfrentar en un futuro cercano.

En esta oportunidad, senadores del peronismo disidente y otros partidos provinciales, enrolados en el Interbloque Federal, presentaron una moción de censura contra Aníbal Fernández por impedir la asunción de las nuevas autoridades del Sindicato de los Aeronavegantes, lo cual, según los firmantes, sería “una verdadera violación al principio de división de poderes”.

La iniciativa contra el jefe de ministros es de autoría del salteño Juan Agustín Pérez Alsina y lleva las firmas de su comprovinciana Sonia Escudero, la bonaerense Hilda “Chiche” González de Duhalde, los puntanos Adolfo Rodríguez Sáa y Liliana Negre de Alonso, y la rionegrina María José Bongiorno.

La denuncia se suma a la que presentaron la semana pasada los diputados de la UCR, Sandra Rioboó, María Luisa Storani y Juan Pedro Tunessi (Buenos Aires); Carlos Ulrich (Chaco); Heriberto Martínez Oddone (Córdoba); Gustavo Cusinato (Entre Ríos); Mario Fiad (Jujuy) y Eduardo Costa (Santa Cruz.

La moción de censura está prevista en el artículo 101 de la Constitución, que dice que el Jefe de Gabinete "puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras".

Fueron las declaraciones de Fernández a Radio América, las que desataron esta catarata de denuncias. El relato de Fernández fue el siguiente: "Lo que le dije al jefe de la Policía, y seguramente el jefe de la Policía trasladó al comisario que estaba en el área, es que nosotros no vamos a cumplir esa orden. Si tengo que explicárselo a un juez, se lo explico a un juez o a cualquiera".

La orden a incumplir era una decisión de la Cámara del Trabajo de intervenir la sede de Aeronavegantes. La semana pasada, la jueza Beatriz Ferdman, a cargo del operativo, fue notificada de su recusación a través de su teléfono celular, justo cuando estaba por dar la orden de forzar la puerta. También el juez Sudera también intentó llevar a cabo la orden, pero fue intimidado por un cordón humano que se interpuso entre él y la puerta. No sólo eso: cuando quiso enchufar un taladro para abrir la puerta, en una verdulería vecina, el taladro se apagó y el enchufe apareció destrozado.

Frente a ese cuadro, Sudera pidió ayuda policial. Pero no hubo patrulleros. Sólo se presentaron el comisario del área, José Villamayor y un ayudante. Villamayor le dijo al juez, textualmente, que "llamara al jefe de Gabinete". Sudera le replicó con la orden de abrir la puerta de la sede sindical. Villamayor golpeó la puerta y como nadie abrió dijo que labraría un acta por resistencia a la autoridad y se fue. Después, el jefe de Gabinete justificaba el accionar policial: "Se pretendía pasar por encima de la Constitución".

“Es un hecho gravísimo que no podemos pasar por alto. Es una verdadera violación al principio de división de poderes y el jefe de Gabinete debe comparecer ante el Congreso para dar las explicaciones del caso”, señaló la salteña Sonia Escudero.

Según los senadores autores de la moción de censura, los hechos estarían perfectamente acreditados y tendrían entidad suficiente para generar la interpelación del funcionario frente al Congreso de la Nación.

Los legisladores entienden que Fernández “ha incurrido en una flagrante violación al principio de separación de poderes, violaciones que se encuentran tipificadas en el Código Penal en el artículo 239 que representa el delito de desobediencia (al que desobedeciere una orden de autoridad competente) penado con penas de 15 días a un año de prisión”.

Justificaron la moción de censura porque consideran que “existe responsabilidad política de suma gravedad institucional, por cuanto la división de poderes constituye un principio central en el sistema democrático”.

Son 4 las denuncias judiciales contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que se acumularon en la última semana.

Uno de los denunciantes es Alejandro Sudera, juez en lo laboral a quien la Policía retaceó colaboración en el operativo para poner en funciones a la lista ganadora del gremio de Aeronavegantes. Otras dos denuncias contra Fernández fueron presentadas por los abogados Ricardo Monner Sans y Enrique Piragini. En tanto, la diputada Patricia Bullrich (CC) anunció que presentará una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, a quien convocará al Congreso.

Todas las denuncias se unificaron y ahora descansan en el juzgado federal número 4, a cargo de Ariel Lijo

Pérez Alsina y Escudero promueven una moción de censura contra Aníbal Fernández PDF Imprimir E-Mail
Por Iruya.com - Publicado a las 19:24 | martes 22-12-2009 (leído 170 veces)
Con la firma de los salteños Juan Agustín Pérez Alsina y Sonia Escudero, renovador uno, peronista otra, que sin embargo actúan en el Senado siguiendo una común estrategia de oposición al gobierno nacional, un grupo de legisladores de la cámara alta ha presentado una moción de censura contra el jefe del Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, encaminada a lograr la destitución de este alto funcionario del gobierno nacional, a quien los senadores encuentran responsable de haber desobedecido una orden judicial de allanamiento dictada por el juzgado del Trabajo Nº 56, en el conflicto del sindicato de aeronavegantes.
Juan Agustín Pérez Alsina, senador nacional por Salta
Juan Agustín Pérez Alsina, senador nacional por Salta
El proyecto de resolución en tal sentido, ha sido registrado hoy mismo en horas de la tarde en la mesa de entradas del Senado y tramita bajo el número de expediente S-3387/09, y -además de las de Pérez Alsina y Escudero- lleva la firma de las senadoras González de Duhalde, Negre de Alonso y Bongiorno, y la del senador puntano Adolfo Rodríguez Sáa.

El proyecto prevé la interpelación de Aníbal Fernández, al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución Nacional. La moción de censura y la eventual destitución de Fernández sólo podrían prosperar en el Senado si el proyecto de resolución obtiene el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara.

El presunto desacato a la orden judicial que los senadores imputan al jefe de Gabinete se produjo cuando el titular del Juzgado del Trabajo Nº 56 intentó poner en posesión a las nuevas autoridades del sindicato de aeronavegantes y un comisario de la policía -invocando órdenes de Fernández- intentó impedírselo. Según los senadores autores de la moción de censura, los hechos estarían perfectamente acreditados y tendrían entidad suficiente para generar la responsabilidad política de Fernández frente al Congreso de la Nación.

Los fundamentos del proyecto de Pérez Alsina y compañía son, sin embargo, redundantes e imprecisos desde el punto de vista jurídico. Especialistas consultados por este medio señalan que si bien la debilidad técnica de los fundamentos no resulta suficiente para echar abajo el proyecto, a la hora de la defensa efectiva de sus posiciones, los senadores mocionantes deberán afinar mucho la puntería si es que de verdad confían en poder echarle un pulso al gobierno y lograr la destitución de uno de sus pilares.

 

Los Andes online

02 de diciembre de 2009

Perceval comparó las candidaturas testimoniales con la "traición" de Cobos

 

El senador de Salta por el Partido Renovador Juan Pérez Alsina expresó hoy su rechazo al proyecto de reforma política del oficialismo y aseguró que no entiende "por qué no regular también el tema de candidaturas testimoniales" en la iniciativa que impulsa el Gobierno.

A esto, en el marco del debate que se desarrolla en el Senado, la kirchnerista mendocina Marita Perceval replicó preguntando "por qué no incluir en la carta orgánica de los partidos políticos qué pasa con los candidatos que en elecciones presidenciales se presentan por un partido o coalición" y terminan participando en otras expresiones, en alusión al caso del vicepresidente Julio Cobos.

 

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